El debate sobre el boicot a festivales vinculados a KKR pone a prueba el compromiso del público y los artistas
La venta de abonos para grandes festivales de música en España vuelve a situar en primer plano el debate sobre el boicot cultural a empresas vinculadas con la ocupación israelí de territorios palestinos. Superstruct Entertainment, propietaria de eventos como Arenal Sound, Viña Rock, FIB Benicàssim, O Son do Camiño o Resurrection Fest, pertenece al fondo de inversión estadounidense KKR, señalado por organizaciones como Who Profits por beneficiarse indirectamente de la ocupación a través de su participación en Axel Springer.
A diferencia del año pasado, cuando muchos asistentes alegaron desconocer esta relación, en 2026 el público compra las entradas con la información ya disponible. La cuestión central es si el conocimiento de estos vínculos se traducirá en un boicot real o quedará en un gesto simbólico. Expertos como el profesor Alberto Priego subrayan la contradicción entre una opinión pública que mayoritariamente califica de genocidio la actuación de Israel en Gaza y un comportamiento de consumo cultural que rara vez asume costes personales.
El periodista Nando Cruz señala que no puede esperarse una reacción homogénea, aunque detecta presiones especialmente intensas sobre el Viña Rock, un festival históricamente asociado a causas reivindicativas. En paralelo, han surgido campañas de devolución de entradas y cancelaciones de artistas que no desean contribuir económicamente a un entramado empresarial vinculado al conflicto.
Músicos como Nacho Vegas ponen el acento en la importancia de las luchas colectivas organizadas, como el movimiento BDS, frente a los gestos individuales, que consideran más útiles para resolver contradicciones personales que para generar cambios estructurales. Otros artistas, como integrantes de Mourn, defienden abiertamente la renuncia a actuar en estos festivales como una cuestión de principios.
Desde el activismo, figuras como Guillermo Toledo insisten en que el boicot solo tiene sentido si implica sacrificios reales, tanto para el público como para los artistas y promotores. Aunque se reconoce que el impacto económico pueda ser limitado, el consenso entre varias voces es que el valor simbólico del boicot contribuye a visibilizar el rechazo social a las políticas del Gobierno israelí y a cuestionar la neutralidad cultural en contextos de violencia extrema.